El próximo domingo para los uruguayos será un día de festejos. Un 25 de agosto en el que celebramos un nuevo aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Una fecha cargada de sentido construido a lo largo de todo este tiempo desde aquél lejano 1825. Reivindicar nuestra independencia tiene el sentido de afirmar nuestra identidad desde la dignidad, el amor a la libertad para elegir nuestros caminos y destacar los valores de igualdad de nuestra República, que hemos sabido defender cada vez que ha estado en peligro.
El #MeToo en Estados Unidos, #Cuéntalo y #HermanaYoSíTeCreo en España, #MiráCómoNosPonemos en Argentina y el movimiento que empezó con #VaronesCarnaval en Uruguay. Son todas iniciativas que irrumpieron en distintas latitudes e idiomas, en múltiples ámbitos y con puntapiés bastante variados, pero con un objetivo común: denunciar, visibilizar y desnaturalizar la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes. En algunos casos, como en el español, los reclamos de los feminismos también apuntaban contra una Justicia que es calificada de patriarcal, misógina y sesgada.
La noticia de un femicidio siempre impacta, indigna y duele. Es la ratificación de que falló todo. Un recordatorio de que el sistema que tiene que proteger a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género no lo hace, porque se sigue llegando tarde, incluso cuando denuncian. Deja al descubierto que hay algo, como sociedad, que no pudimos evitar a pesar de identificarlo y tomar acción para ello. Más allá incluso, detrás de todo esto queda instalada la idea de que ninguna está completamente a salvo.
Para quien observa con atención los procesos políticos en los últimos años, quizá uno de los fenómenos que más se destaquen en diferentes países sea el surgimiento de ciertas figuras populistas, con propuestas extremas, simples y efectistas para solucionar los complejos problemas sociales e institucionales que esas sociedades atraviesan.
Estos personajes tienen algunas características comunes. La mayoría de las veces se presentan como actores nuevos o ajenos a la política. Incluso con un marcado acento antisistema, por más que sean activos participantes de la disputa política y en ciertos casos hayan sabido vivir en ella como jugadores consolidados.
Más allá de la discusión sobre si el ser humano es o no un ser sociable por naturaleza, son indudables las ventajas de la vida en sociedad. Incluso en sus formas más simples. La protección contra amenazas externas, la búsqueda de alimento y la administración de recursos limitados son algunos ejemplos de los incentivos que tenemos para esforzarnos por vivir en conjunto. La interacción social ha permitido a los seres humanos enfrentar desafíos de manera más efectiva, compartiendo conocimientos y habilidades, y beneficiándose del aporte de todos.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha con una larga historia de lucha y reivindicación por los derechos de las mujeres y también el momento para reflexionar sobre los desafíos que tenemos por delante en nuestras sociedades.
La construcción de una sociedad más justa e igualitaria implica ampliar los horizontes efectivos de ejercicio de esos derechos y la disminución de los obstáculos, prácticas y construcciones culturales que los limitan y niegan cada día. La participación política es uno de esos derechos fundamentales.
La inclusión comprende una actitud activa para identificar y eliminar obstáculos y diferencias y que cada persona pueda ejercer su derecho de vivir de acuerdo a su voluntad e interés. En esa acción podemos estar todos involucrados/as con diferente grado de responsabilidad, aunque, por supuesto, las actitudes individuales son importantes. En definitiva, de lo que se trata para avanzar hacia una sociedad más integrada es de un cambio cultural que incorpore esa actitud activa de inclusión, y eso pasa, en primer lugar, por lo que haga cada uno/a. Sin embargo, hay otros niveles de responsabilidad colectiva y, en particular, los que corresponden al Estado, donde se orienta, incentiva y define de una forma mucho más determinante los límites y posibilidades de generar condiciones efectivas para esa inclusión.
Nuestro país ha logrado algunos avances en ese sentido desde la definición de marcos normativos de diferente alcance, que han sido verdaderas conquistas a la hora de aumentar las posibilidades y oportunidades de la sociedad para generar mejores condiciones de inclusión. Esa legislación ocurrida en los últimos años se puede entender como la adecuación al compromiso asumido por nuestro país al adherirse, en 2009, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Sin embargo, y sin desmerecer la importancia de estas definiciones, su efectivo cumplimiento y el impacto que generan en la sociedad están todavía lejos de ser los deseados.
Muchas veces dos personas pueden hablar de un tema, usar incluso las mismas palabras, pero estar diciendo cosas distintas. En esa ambigüedad que tiene el lenguaje es donde pueden vivir el humor, el arte y hasta las nuevas ideas. Pero también es en ese terreno que se encuentran la demagogia, la mentira y la manipulación. Los anuncios del gobierno sobre las políticas de asentamientos realizados hace algunas semanas serían ejemplos de estas últimas categorías.
Mucho tiempo antes, ya en la campaña electoral, el candidato Luis Lacalle Pou hablaba de “asentamiento cero”, una frase efectiva por cierto, pero sin mucho contenido ni propuesta detrás. Luego llegó al gobierno y se hizo más que evidente lo superficial de tal afirmación. La paralización de toda acción que se venía desarrollando, los recortes y el vacío presupuestal no parecían ser una vía muy efectiva para lograr ese objetivo. Dos años tuvieron que pasar para que en la Rendición de Cuentas de 2021 se aprobara la creación del fideicomiso de 240 millones de dólares con el que se va a financiar el Programa Avanzar para la regularización de asentamientos anunciado hace algunas semanas.
Al fin se han puesto en movimiento, y el anuncio, presentado como histórico y singular por la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, no deja de ser un aporte importante, que sin embargo está muy lejos de las expectativas creadas y sobre todo de las necesidades en materia de acción del Estado para cumplir con los objetivos planteados. Eso tiene razones, por un lado, muy concretas y específicas, y por otro, más generales y conceptuales.
Mi amiga Ada, que es nigeriana, un día me dijo que si el león escribiese su historia, el cazador nunca sería el héroe. El mundo en el que vivimos, nuestra sociedad, es un poco eso. Junto con nosotros van las historias que tejemos, que le dan sustento a la acción y razón a nuestro andar.
Por eso es importante que esas historias cuenten lo que hicimos, lo que pasó, pero también que sean la historia de todos, contada y conocida por todos, nuestra memoria, para afirmar así una identidad que nos haga más fácil saber a dónde queremos ir.
Tan importante es este relato que quien ostenta el poder intenta también contar una historia. Una historia para que todos la acepten como propia, por más que algunos sean el león y no el que apunta. Si lo logran, aunque sean mezquinos e infames, se aseguran de permanecer en el panteón de los héroes.
Cuando condenaron a Galileo, poco importaba la verdad y el razonamiento que la dejaba en evidencia. Lo que había en juego era la solidez del edificio que sostenía el dominio material y simbólico, que no era cuestionado por quienes lo padecían.
Menos de una semana antes del 8M encontraban, en una casa de un barrio de Montevideo, el cuerpo de una mujer asesinada y otro escondido en una heladera en desuso. Hoy sabemos que se llamaba Ahielén, tenía 16 años y era la madre adolescente de una niña de cuatro meses. Vivía en una casa de acogida del INAU, de donde habías salido a visitar a su madre a principios de febrero. La otra persona también asesinada, según lo publicado en la prensa tenía 34 años y estaba en situación de calle, sin nombre, ni historia, ni mucho que parezca que importe. Si consideramos solo estos casos y lo que de ellos sabemos, ya tenemos una idea de lo compleja y grave que es la situación de nuestra sociedad respecto a la cultura de la violencia, el abuso y la deshumanización sobre las mujeres. Este caso ha trascendido con cierta exposición mediática, como también lo que pasó con la violación grupal de otra mujer en un apartamento en el Parque Rodó o el abuso de dos mujeres por parte de tres policías en un patrullero unos pocos días antes. Pero en realidad estamos frente a situaciones mucho más generalizadas, habituales y cotidianas. No es solo la violencia sino una diferencia estructural, material y simbólica que significa en la práctica peores condiciones y menos oportunidades para que las mujeres podamos tener una vida plena y hacer efectivos todos nuestros derechos, además de que no nos maten. Por eso marchamos el martes ocho como lo hacemos cada año, en este en particular contra la violencia machista pero también contra la sobrecarga del trabajo de cuidados y reproductivo, para hacer un llamado a repensar la salud y la educación en clave feminista y dentro de ello la importancia de la implementación de la educación sexual integral y mas allá de lo específico, contra esa construcción estructural en que se sustentan estas inequidades y agresiones y que están incorporadas a la cultura general y el comportamiento dominante en la sociedad.